Hace unas horas, la Subsecretaría de las Culturas y las Artes anunció que llevará a cabo un nuevo concurso para escoger el proyecto que representará a Chile en la 20° Bienal de Arquitectura de Venecia. Sin embargo, el organismo optó por no modificar a los integrantes del jurado establecido en el proceso de selección anterior.
Esta decisión se tomó tras la reunión de este lunes —informada ayer por El Mercurio — que el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga, realizó con Rodolfo Jiménez, presidente del Colegio de Arquitectos, y Fernando Marín, presidente de la Asociación de Oficinas de Arquitectos (AOA). Según el citado medio, el encuentro, que también contó con la presencia de los subsecretarios Carlos Lobos (de las Culturas y las Artes) y Emilio de la Cerda (de los Patrimonios), tuvo por objetivo «encontrar una solución» al descontento surgido de cara al certamen internacional.
“La decisión se da tras el análisis de los nuevos antecedentes aportados por el Colegio de Arquitectos y la Asociación de Oficinas de Arquitectos de Chile, tomando en consideración los incumplimientos en el procedimiento y la necesidad de repetir la etapa de evaluación”, expuso la Subsecretaría en un comunicado.
El origen de un escándalo
Fue en la edición dominical de El Mercurio donde se desató la polémica. En la sección «Opinión» fue publicada una carta enviada por la arquitecta Alejandra Celedón Förster, que hizo pública la decisión de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes de anular el concurso para escoger el proyecto que representará a Chile en la Bienal de 2027, debido a presuntos «incumplimientos formales» en su realización.
En su escrito, Celedón Förster —que ejerció como curadora en la Bienal de 2018 y formó parte de la convocatoria cancelada como jurado en representación de los concursantes— cuestionó la medida, particularmente por la designación de jueces distintos para dirimir el nuevo proceso.
«Dejo constancia de que el jurado cumplió cabalmente su encargo: evaluamos las propuestas en su mérito y, en sesión presencial, emitimos el fallo según las bases», aseguró la arquitecta, que además manifestó la disposición del cuerpo decisor a subsanar las formalidades faltantes.
A su juicio, la invalidación del proceso original supondría un perjuicio para los postulantes, pues los «autores ya son conocidos y ya nadie podrá evaluar a ciegas». Ese fue el motivo con el que justificó la renuncia a su cargo.
La Subsecretaría responde
Ante los señalamientos de la arquitecta, no se hizo esperar la respuesta del subsecretario Carlos Lobos. Los descargos los hizo este lunes en las mismas páginas que utilizó para su carta Celedón Förster.
La autoridad acusó «incumplimientos en las bases que afectan la validez y trazabilidad del proceso». En ese aspecto, dio cuenta de presuntas «irregularidades«, entre ellas problemas de acceso a la plataforma utilizada por el jurado «para registrar sus evaluaciones individuales», la aparición de fundamentaciones similares para criterios distintos en «30 de los 39 proyectos» participantes y una «omisión de las fundamentaciones del conjunto de las propuestas en el acta final». Debido a todo eso, argumentó Lobos, resultaba «jurídicamente ineludible» la repetición de la convocatoria.
El subsecretario reveló que la Subsecretaría «se encuentra tramitando la aceptación de la renuncia del funcionario a cargo» del proceso. No mencionó ningún nombre, pero ayer se conoció la identidad del aludido: Cristóbal Molina Baeza, Coordinador del Área de Arquitectura del organismo.
Molina Baeza y el gremio se pronuncian
A través de una carta publicada —nuevamente— en el diario de la familia Edwards, Molina Baeza declaró que su dimisión «indeclinable» se produjo debido a que consideró «desproporcionada» la actuación de la Subsecretaría.
Según el arquitecto, la resolución adoptada por esta última «señala que no existiría constancia de la fundamentación de la evaluación realizada por el jurado en cada Ficha Única de Evaluación». Sin embargo, retrucó:
«Si bien existió un retraso en la gestión administrativa de la carga de dichas fichas, estas fueron incorporadas cuando el proceso aún no había concluido ni sus resultados habían sido formalizados, y antes de que se dictara la citada resolución».
Además, Molina Baeza cuestionó las razones esgrimidas en la carta de Lobos para anular el concurso inicial. Aseguró que la plataforma «no estaba configurada para una etapa de evaluación individual, fase no contemplada como tal en las bases», a diferencia del análisis individual que sí realizó el jurado.
Por otra parte, planteó que estaba contemplado que «propuestas de un mismo rango compartan un descriptor» y que «el acta final contiene un párrafo con consideraciones al conjunto general de las propuestas no seleccionadas y no elegibles».
La carta del excoordinador se sumó al pronunciamiento de la AOA, que el día anterior se hizo eco de las preocupaciones de Alejandra Celedón Förster. «Conocidos los autores y el resultado, un nuevo jurado difícilmente podrá evaluar bajo las mismas condiciones de anonimato», planteó la entidad gremial en una misiva publicada en El Mercurio. Uno de sus signatarios era su presidente, Fernando Marín, con quien se reunieron el ministro y los subsecretarios.
Durante la jornada de ayer, el Colegio de Arquitectos y la AOA hicieron pública una carta dirigida al ministro Francisco Undurraga, en la que abogaban por mantener al jurado previamente establecido en una nueva revisión de los proyectos.
«Esta podría realizarse ahora con conocimiento de su autoría, permitiendo al jurado revalidar su decisión original o, si a partir de una nueva revisión fundada lo estimara necesario, modificarla, dejando debida constancia de los fundamentos de su resolución», solicitaron.
